Resulta innegable afirmar que la pandemia ha trastocado nuestras vidas. No solo ha alterado la forma en que socializamos o nuestros hábitos de consumo, sino que también ha puesto patas arriba la economía.  

La respuesta del gobierno 

A principios de año, el Gobierno presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el objetivo es canalizar la millonaria lluvia de ayudas y fondos de la Unión Europea para reparar los estragos del COVID-19.

Una de las reformas más importantes de este Plan es el Proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, una norma que el Gobierno ya ha remitido a las Cortes y que está enfocada a la modernización y al impulso de las pequeñas y medianas empresas, las PYMES.

Para ello, el Proyecto de Ley recoge una serie de medidas, entre las que podemos destacar:  

• Reducción a 1 € del capital social necesario para constituir una Sociedad Limitada, frente a los 3.000 € actuales. 
• Posibilidad de tramitar telemáticamente la creación de toda Sociedad Limitada. Agilización y simplificación del proceso.
• Ampliación del catálogo de actividades económicas exentas de licencia.
• Refuerzo y flexibilización de los instrumentos de financiación empresarial: fomento del crowfunding o financiación participativa.

El papel de la facturación electrónica 

De aprobarse este Proyecto de Ley, las empresas se verán obligadas a expedir y remitir electrónicamente todas sus facturas. Esta obligación garantizará una mayor trazabilidad y control del pago, con lo que se pretende combatir la morosidad, uno de los mayores problemas de liquidez de las PYMES. En esta línea, se prohibirá el acceso a toda subvención pública a las empresas que no cumplan los plazos de pago.

La facturación electrónica entrará en vigor un año después de publicarse en el BOE para las empresas con una facturación anual superior a los 8 millones de euros, mientras que para el resto de empresas lo hará a los tres años de su publicación. 

Para promover su adopción, el Gobierno ha lanzado el Programa Digital Toolkit, que incluirá recursos y subvenciones a modo de alicientes, aunque es probable que las empresas tengan que invertir por su cuenta en programas informáticos.

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